La negociación colectiva reglada del sindicato de Supervisores y Profesionales de Chuquicamata sigue en curso. Conversaciones con la comisión de la administración que se iniciaron el miércoles 14 de marzo, en las que «nuevamente se recalcaron las intenciones de las partes por alcanzar acuerdos positivos que permitan cerrar de buena forma este proceso, para luego dar paso al tratamiento específico de los temas presentados en la agenda», expresó el gremio que preside Duncan Araya.

Un proceso que ha sido más visible por las diferencias legales en la definición de los servicios mínimos y equipos de emergencia que aún no están resueltos por la autoridad y la definición del piso de la negociación, es decir aquellos beneficios que se mantienen o no del contrato colectivo anterior.

Son materias que establece la nueva ley laboral, vigente desde abril de 2017, y donde ambas comisiones se deberán poner de acuerdo para determinar aquellos puntos que deberán ser revisados y negociados o que simplemente pasarán a ser parte de la base.

Según fuentes de los supervisores, en febrero se habría llevado a cabo un proceso anticipado con una propuesta de la empresa que no logró satisfacer las expectativas y no vio la luz en las asambleas de los supervisores, que habría considerado las mismas condiciones actuales del contrato colectivo con un bono similar a las últimas negociaciones de supervisores de Codelco.

Al ser consultados sobre esta materia, desde la empresa declinaron referirse indicando que «este proceso con nuestra supervisión reviste el máximo respeto y valoración, por lo que será abordado en la forma y el lugar que corresponde».

No hay definición

En una primera instancia la dirección del Trabajo fijó en 4% la dotación de trabajadores que continuarían con sus funcionales laborales en caso de una huelga, es decir, 212 personas. Un porcentaje mucho más cercano a la petición de los sindicatos roles A y B de 1,7%, que de la cifra de servicios mínimos y equipos de emergencia propuesta por la empresa de 14%.

Fue así que Codelco elevó una apelación en enero pasado ante el jefe nacional de la Dirección, para elevar el porcentaje de trabajadores permitidos en caso de huelga, la que fue acogida parcialmente, dejando los servicios mínimos en 5,1%, lo que equivale a 313 trabajadores. Proceso que sigue judicializado por la Corporación.( El Mercurio de Calama)