Como si los anuncios de Donald Trump no fueran suficientes, otro frente tuvo en vilo esta semana a CAP. El día lunes 5 de marzo, el Comité de Ministros de Medio Ambiente sesionó para declarar área marina protegida (AMP) la zona de La Higuera, Región de Coquimbo, en cuya costa se sitúa el proyecto portuario de la compañía, Cruz Grande, y a 20 kilómetros de ahí, el proyecto Totoralillo, el terminal que pretende hacer Minera Dominga, controlada por la familia Délano Méndez.
Pero hasta el final de la semana, los ministerios de Economía, encabezado hasta hoy a mediodía por Jorge Rodríguez Grossi, y de Medio Ambiente, por Marcelo Mena, no se pusieron de acuerdo. Al final ni siquiera se pudo firmar el decreto para declarar AMP a esa zona o parte de ella.
Si la reunión del lunes 5 de marzo fue tensa, las diferencias fueron creciendo con los días, dicen fuentes conocedoras. El Ministerio de Economía planteó una reducción de la zona de protección, que originalmente iba entre Punta Zorro (límite norte) y Punta Poroto (límite sur), correspondientes a 144.400 hectáreas protegidas en el área marina y 3.195 hectáreas en la zona costera terrestre. Su idea era proteger las islas Choros y Damas, al norte de la IV Región, que ya tienen el estatus de reserva, y añadirle a esta la isla Pájaros, donde habitan miles de aves de distintas especies y es, según los científicos, un ecosistema único. Pero al final, ni eso se pudo concordar.
Y es que la propuesta de Economía implicaba que «todos los sectores (económicos) quedan incólumes frente a esta decisión», pero «deben cumplir con todas las normas que existen». La idea es «proteger esos tesoros naturales de eventuales depredadores, no estamos buscando corretear actividades que sean legítimas y responsables».
Esta postura daba espacio para que se concretaran en el futuro los distintos proyectos mineros y portuarios planeados para la zona, así como para desarrollar el corredor bioceánico a través del túnel Aguas Negras, que conecta la Región de Coquimbo con la provincia de San Juan, en Argentina.
Pero al final, el viernes por la tarde, tampoco hubo acuerdo en eso y no se firmó el decreto sobre la AMP de La Higuera.
Por otro lado, el mismo ministro saliente, Marcelo Mena, advierte que, incluso con decreto, el futuro del área marina estaba en manos del nuevo gobierno de Sebastián Piñera. «El plan de administración es el que define los límites específicos para las actividades que allí se realicen y este plan es posterior al decreto», e incluso «se hace dentro de los 18 meses posteriores de publicado el decreto del área», dice Mena.
Es decir, no solo el área, sino que cómo se manejará, será resorte del gobierno de Sebastián Piñera.
CAP se adelanta y sugiere alianza con Dominga
En el saliente gobierno, señalan que la convocatoria para crear un parque oceánico en la zona buscaba poner un freno adicional al proyecto minero portuario Dominga. Y es que el llamado a conciliación para este 14 de marzo, hecho por el Tribunal Ambiental de Antofagasta por este bullado caso, habría descolocado al Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por el saliente ministro Marcelo Mena, que ha reiterado que Dominga es un «proyecto rechazado».
Como esta polémica podría provocar un daño colateral en el grupo CAP y Cruz Grande, el gerente general del conglomerado acerero, Erick Weber, llama a los actores de la zona a optar por una alianza y no competir haciendo dos puertos en la misma área, donde además hay una reserva natural, Pingüino de Humboldt (ver mapa).
Consultado en específico sobre Dominga, el máximo ejecutivo señala que, «como Grupo CAP, creemos que la asociatividad es un modelo interesante para enfrentar proyectos futuros en la gran minería. Esto implicará apertura y visión, ya que se trata de que dos o más empresas sumen capacidades, pero también compartan desafíos y problemáticas en pro de un mejor resultado y en mayor armonía con el entorno».
Weber hace ver que «el proyecto Puerto Cruz Grande, que cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, representa un activo estratégico no solo para la compañía, sino que también para Chile». Hay que considerar que ni Totoralillo ni Dominga cuentan con una RCA.
El gerente del grupo CAP apunta a que la zona donde se emplazará Cruz Grande, que requiere una inversión de US$ 250 millones, «ya fue utilizada con estos fines portuarios por cerca de 80 años y tiene una larga historia relacionada con nuestro yacimiento El Tofo, que cobijó operaciones similares a partir del 1913».
Según la empresa, este terminal puede tener la capacidad de mover 18 millones de toneladas al año, ya sea de minerales, como de productos agrícolas nacionales o de países vecinos, como Argentina u otros de Sudamérica. Todo, con miras a que el túnel Agua Negra -que hoy está en plena licitación- conectará la provincia trasandina de San Juan con Coquimbo.
Este puerto permitiría la recalada de naves post Panamax Plus, es decir, barcos de hasta 250 mil toneladas, con 335 metros de largo.
En todo caso, Cruz Grande no la ha tenido fácil. Aunque desde 2015 cuenta con la aprobación ambiental, el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera recurrió al Tribunal Ambiental de Santiago, que ratificó el proyecto. Hoy solo se aguarda una resolución sobre un recurso de casación en la Corte Suprema.
«Creemos que la asociatividad es un modelo interesante para enfrentar proyectos futuros en la gran minería. Esto implicará apertura y visión, ya que se trata de que dos o más empresas sumen capacidades».
ERICK WEBER
GERENTE GENERAL DE CAP
TRASCENDIÓ que el viernes 9 de marzo no se alcanzó el acuerdo al interior del Comité de Ministros de Medio Ambiente del Gobierno de Michelle Bachelet. Por ello no se emitió el decreto que crea la zona marina protegida en La Higuera.
( El Mercurio)