El recurso productivo más crítico para poder desarrollar la minería en Chile es la obtención del consentimiento de las comunidades y de los grupos de interés, de acuerdo con una reciente encuesta realizada por el Consejo Minero a 840 actores de la industria.
Paradójicamente, los resultados dan cuenta de un cambio impensado hace solo algunas décadas, donde los factores «duros», como el agua y la energía, formaban parte de los aspectos clave que había que resolver al momento de desarrollar un proyecto. En contrapartida, la opinión de las comunidades, a lo largo de la historia, tuvo una incidencia bastante menor.
Sin embargo, el desarrollo de una conciencia más ecológica de la población, la falta de estándares en la actuación de algunas empresas, junto al incremento de la percepción de derechos individuales y colectivos, explican un cambio trascendental en esta materia, lo que ha significado un importante desafío para las autoridades, las empresas y las propias comunidades.
Pero, al mismo tiempo, ello ha desnudado la frágil institucionalidad de nuestro país en esta materia, lo que da cuenta de débiles instrumentos, largos procesos y una precaria coordinación entre los organismos del Estado. A ello se suma una desarrollada actividad de abogados y ONG que, en ciertas ocasiones, intentan aprovechar las circunstancias para obtener beneficios particulares.
Es relevante construir relaciones de confianza entre las empresas y sus comunidades, pero para ello se requiere disponer de una institucionalidad pública que facilite lo anterior, en un contexto donde los proyectos mineros están tardando mucho tiempo en evaluarse, con procesos cada vez más complejos. No se trata, por cierto, de relajar las exigencias de fondo, sino que de mejorar el proceso en su conjunto.
En este ámbito, existe experiencia internacional muy relevante. Un claro ejemplo de ello son los casos de Canadá y Australia, donde a través de acuerdos entre empresas y comunidades se resuelve de forma expedita esa relación y se establecen las compensaciones a las comunidades de manera clara y oportuna.
En el caso chileno han existido iniciativas interesantes para avanzar en esta materia. La Corfo ha establecido un interesante programa piloto de «Acuerdos Voluntarios de Preinversión» buscando la implementación temprana de procesos participativos, garantizando la inclusión, la incidencia e igualdad de oportunidades de quienes participen, la transparencia en el acceso a la información y la legitimidad de las decisiones que se tomen.
Además, existen iniciativas público-privadas, entre las que destaca Valor Minero, que han hecho un interesante trabajo en esta materia. El compromiso es entregar a mediados de este año una propuesta de política pública que responda a la falta de instancias institucionalizadas que permitan aprovechar y potenciar el carácter virtuoso, inclusivo y sostenible de proyectos con potencial estratégico.
Los resultados de estas y otras iniciativas debieran ser un aporte fundamental a la discusión futura, a la que el nuevo gobierno debiera darle máxima prioridad.
Es clave contar con una institucionalidad que favorezca la creación de relaciones de confianza entre las empresas y la comunidad
( El Mercurio)