Hace más de dos décadas que Daniel Guevara Cortés -doctor en derecho, 45 años, montañista aficionado y guitarrista clásico experto en el brasileño Heitor Villa-Lobos- está radicado en Antofagasta. Este abogado preside el Primer Tribunal Ambiental, radicado en la nortina ciudad, en una zona clave para la economía del país, porque tiene jurisdicción en el norte de Chile, el corazón minero del país. Entre las causas que ve este tribunal están conflictos de Codelco, Pascua Lama, la acerera CAP o la línea eléctrica Interchile.

Hace una semana, esta instancia jurídica hizo noticia al llamar a una conciliación en Minera Dominga para el 14 de marzo próximo. Guevara cuenta que la idea surgió en 2017, cuando en un seminario organizado por «El Mercurio» de Antofagasta y el think tank Valor Minero exploraron caminos para solucionar la judicialización de los proyectos de inversión. Hace ver que la ley les da la posibilidad, esta posibilidad de ir a conciliación.

Guevara admite que el tribunal planteó con resquemor el camino del acuerdo, considerando que si bien son dos los intervinientes directos-Andes Iron, dueña de Dominga, y el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)-, hay otras nueve organizaciones que participan en el proceso. «Todos los abogados que intervienen, tanto los principales como los coadyuvantes y terceros independientes, estuvieron disponibles a explorar la vía conciliatoria», sostiene.

-¿Eso incluye a los abogados del SEA, que son la contraparte de Andes Iron?

«Efectivamente. La abogada del SEA nos manifestó lo que después ratificó su director, que el SEA está disponible a evaluar las bases que el TA pueda proponerle».

-¿Cómo nació la fecha del 14 de marzo?

«No nació como una propuesta del tribunal. Nuestra idea era realizar el proceso de conciliación en un plazo muy abreviado. Sin embargo, plantearon que dado el período estival, se generaba la necesidad de poder retomar este tema a contar de la semana del 14 de marzo».

-¿Qué va a suceder ese día?

«El Tribunal va a presentar bases de arreglo, que lo que buscan es que sean enriquecidas por los intervinientes. Por una razón de legitimidad del proceso, nos ha parecido relevante convocar en igualdad de condiciones a los terceros independientes y coadyuvantes, que son en total nueve más (tres a favor del proyecto, tres que defienden la posición delegatoria del SEA y tres que son independientes), además de Andes Iron y el SEA».

-¿Qué establecen estas bases?

«Las bases crean estándares mínimos. Sin embargo, en algunos aspectos, el tribunal no solo se va a limitar a lo que hayan expuesto el reclamante (Andes Iron) y el reclamado (SEA), sino que hemos sido especialmente atentos a conversar con la comunidad de Los Choros, a ir a ver los avistamientos de cetáceos desde la isla Damas, que es algo magnífico».

-¿Cuánto demorará en llegar a la conciliación?

«No más de tres días. Es decir: tres días para definir sobre las bases propuestas por el tribunal, tener un texto completo de acuerdo, si es que lo hay. Si eso se produce, dar un plazo no superior a un quinto día hábil, aunque eventualmente las partes pueden pedir un plazo superior y los consideraremos. Pero en principio, cinco días hábiles parece un tiempo razonable para que esas bases de arreglo sean sometidas a ratificación de las entidades mandantes».

-¿Y si no hay acuerdo total? ¿Se cae el deal ? ¿Los titulares (Andes Iron y el SEA) tienen preeminencia?

«La respuesta procesal sería que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Sin embargo, por la misma razón de legitimidad que se ha buscado, la conciliación no solo busca efectos procesales jurídicos, sino también que si hay un entendimiento, se genere una licencia social y ambiental para el proyecto. Frente a eso es importante garantizar el máximo de convocatoria al acuerdo que el tribunal presenta».

-¿Máxima convocatoria no es unanimidad?

«No es unanimidad. Pero significa garantizar la más alta concurrencia. Tengo la expectativa de que en muchos de los puntos debiéramos llegar a una concurrencia completa».

-¿Cómo se garantiza que, si hay acuerdo, no hay otro actor más que por fuera ponga otro recurso y siga la pugna judicial ad eternum ? ¿Con esto Dominga se zanja definitivamente?

«Lo que se quiere evitar es la «circularidad judicial»: que nunca un proceso queda a firme y ejecutoriado (…) Hoy hay un organismo fiscalizador, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que está llamado a cumplir un rol relevante en la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Si hay un acuerdo en Dominga, la SMA lo va a evaluar no como un compromiso voluntario, sino como un compromiso incluido en la RCA. El rol que va a cumplir el órgano fiscalizador debe estar a la altura de estas circunstancias».

-El puerto de Dominga, Totoralillo, se sitúa a 22 kilómetros de Cruz Grande, de CAP, que sí tiene permiso ambiental. ¿Han analizado estos efectos sinérgicos entre ambos terminales?

«La discusión de las consecuencias sinérgicas ha estado presente en el debate. Esa es una materia de la controversia y es algo que se tendrá a la vista, ya sea por mitigación, compensación o exclusión. Hay distintos mecanismos para poder abordar esta materia».

-¿Qué opinión le merece el proyecto Dominga? ¿Es viable?

«Si yo le contestara algo así, perdería mi imparcialidad. Lo que sí le puedo decir es que no hay que tapar el sol con un dedo. Mientras se está discutiendo Cruz Grande (puerto de CAP aledaño al puerto de Dominga) y su efecto sinérgico, es un hecho público y notorio que el Estado de Chile, en un acuerdo de integración con Argentina está revisando la construcción de un túnel que va a colocar una presión importante en las distintas bahías de la Región de Coquimbo sobre puertos actuales. Y por tal motivo, hay un elemento que nos parece muy relevante, que es la planificación del territorio».

-Si no se llega a acuerdo en estos cinco días hábiles que se dio el tribunal. ¿Fallarán el 30 de marzo?

«En principio el tribunal va a fallar el 30 de marzo, salvo que como resultado de este proceso pudiéramos entender que se requieran unos días adicionales. Hay una resolución de justicia que esperamos adoptar dentro de este primer cuatrimestre del año».

-¿Está dentro de los cálculos del TA que el 14 de marzo habrá autoridades nuevas?

«El 14 de marzo fue una fecha solicitada por los propios abogados intervinientes y si esto tiene alguna implicancia respecto de nuevas autoridades, entendemos que formará parte del proceso de consenso, decisiones y ratificaciones que existe en cada uno de los servicios, con los ministros respectivos, cuando ellos estén en sus cargos».

«No estamos marcados por una ideología del medio ambiente»

-¿Han tomado contacto con las autoridades nuevas que asumen el 11 de marzo, como la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, o el titular de Economía, José Ramón Valente?

«No. Han sido muy prudentes, dado el principio de separación de poderes del Estado. Imagínese si en esta etapa yo entrara en un intercambio de opiniones con el ministro de Medio Ambiente: sería algo totalmente improcedente».

-El ministro actual Marcelo Mena planteó que los abogados del SEA iban a escuchar y no a participar de la conciliación. Y dijo que la línea base de Dominga estaba mal hecha y que el proyecto seguía rechazado.

«Cada uno tiene que tener una dimensión de su propio poder. No obstante la relevancia que tenga un ministro de Medio Ambiente, es cosa de revisar la ley 20.600 para advertir que el Comité de Ministros es un organismo colegiado y que cada ministro tiene una opinión, pero las decisiones se toman colegiadamente. Preferimos esperar con prudencia la ratificación que obtenga el SEA y sus abogados de su autoridad colegiada (Comité de Ministros) en su momento».

-¿No percibió cierto «ninguneo» del ministro Mena a la conciliación?

«Al ministro, ejerciendo su rol de dar opiniones públicas como ciudadano y autoridad, no puedo decirle qué decir o qué no decir. Como tribunal somos impermeables a presiones de esa naturaleza».

-¿Son impermeables también a las políticas del gobierno, dado que el nuevo gobierno será más proinversión y proempresa?

«Es muy importante asegurar que nosotros no estamos marcados por una ideología del medio ambiente. Tenemos que hacer respetar un Estado de Derecho Ambiental y ahí, condiciones tales como la libertad para que un titular desarrolle un proyecto dentro de un área, pero también la obligación de respetar un área de exclusión, de mitigar impactos, de proteger acuíferos… es un conjunto muy complejo de elementos donde no hay una garantía, salvo, y esta es mi opinión personal, la vida es inviolable. La vida es la única garantía inviolable. Pero de todas las otras garantías, ninguna puede ser extrema. Ni la libertad de empresa ni el derecho al medio ambiente pueden ser inviolables, sino que tiene que haber garantías constitucionales en equilibrio».

-¿La vida es inviolable para los seres humanos u otros seres vivos, como ballenas o pingüinos Humboldt?

«En materia ballenera, tenemos una ley de pesca que crea una figura penal respecto de aquel que maliciosamente determine la pérdida de la vida de una ballena. El respeto a la vida es algo que tiene un concepto más sistémico, más ecológico que lo que teníamos años atrás. Cuando realizamos la inspección a la isla Damas, en Coquimbo, en el marco del proceso Dominga, nos tocó ver el avistamiento de dos o tres ballenas, que es algo extraordinario. Había paseos turísticos de barcos que, para tomar la mejor foto, se abalanzaban sobre las ballenas. Tenemos que aprender a tener una cultura de respeto al medio ambiente».

-¿Va a ser un tribunal proinversión?

«No, nosotros estamos llamados a ser un tribunal ProEstado de Derecho Ambiental».

En principio el tribunal va a fallar el 30 de marzo, salvo que como resultado de este proceso pudiéramos entender que se requieran unos días adicionales. Hay una resolución de justicia que esperamos adoptar dentro de este primer cuatrimestre del año».»Si hay un acuerdo en Dominga, la SMA lo va a evaluar no como un compromiso voluntario sino como un compromiso incluido en la RCA. El rol que va a cumplir el órgano fiscalizador debe estar a la alturade estas circunstancias».

«En principio el tribunal va a fallar el 30 de marzo, salvo que como resultado de este proceso pudiéramos entender que se requieran unos días adicionales. Hay una resolución de justicia que esperamos adoptar dentro de este primer cuatrimestre del año».

 ( El Mercurio)