El remate. Ese es el peor escenario que enfrentaría Planta Recuperadora de Metales (PRM) -un joint venture entre la coreana LS-Nikko y Codelco- dadas las numerosas demandas por deudas impagas producto de complejidades que enfrentó en el proceso de construcción. Por ello, un tribunal de primera instancia aceptó la solicitud de embargo de la instalación ubicada en Mejillones, Región de Antofagasta.
PRM requirió de una inversión cercana a los US$ 100 millones, comenzando a funcionar a mediados del año pasado. Su operación consiste en el tratamiento de barros anódicos para recuperar metales preciosos como el oro o la plata.
Si bien la sociedad nació a fines de 2012 siendo en un 100% de Codelco, en 2014 la estatal se asoció con LS-Nikko, la que se haría cargo de la construcción. Actualmente, la coreana posee el 66% de la propiedad -siendo los operadores de la instalación- mientras que la minera chilena tiene el 34% restante. Esto le da derecho a tener dos representantes en el directorio de cinco miembros
Tras revisar el portal del Poder Judicial, esta sociedad enfrenta cerca de 20 acciones judiciales por facturas impagas. Todo habría empezado el 2015 con las primeras obras de ejecución de la planta, las que fueron adjudicadas a las constructoras Alomir y Argeochil, las que habrían dejado abandonado las obras sin pagar los compromisos con sus subcontratistas.
Al menos esa es la versión que relata el gerente general de PRM, Martin Kim, quien señala que el 2016 -sin que la ley lo exigiera- iniciaron un proceso de pago a subcontratistas de estas dos constructoras, llegándose a un acuerdo por el 70% de todo lo adeudado.
Fuentes de los subcontratistas discrepan y señalan que el pago no superó el 50% de lo adeudado. Agregan que quienes lo aceptaban debían firmar un documento para desistir de cualquier acción legal contra PRM.
Añaden que un grupo de estas compañías no aceptó el acuerdo y acudió a tribunales, estando entre esas, precisamente, las constructoras cuestionadas: Alomir y Argeochil. Las demandas requieren un pago, sumadas todas, superior a los $3.000 millones.
«Efectivamente, existen demandas contra PRM, la mayoría relacionadas con contratistas y sus trabajadores, vinculadas a la etapa de construcción y, en específico, al abandono de obras por parte de las empresas Argeochil y Alomir, y cuyos montos demandados representan menos de un 5% del total del monto invertido en la construcción de la planta», reconoce Kim.
Una de las demandas, de Alomir, solicita el pago de una factura de $754,9 millones, consiguiendo que el tribunal dictara el embargo de la planta, paso previo -comentan abogados- a un remate, en caso de que no se pague lo requerido. Esta acción ha sido detenida por los abogados de PRM, los que han presentado una serie de excepciones.
Pero en causas por menor cuantía, como la de la empresa Gosan, también se ha decretado el embargo. Aunque por los montos comprometidos -unos $55 millones- cualquier remate no sería sobre la planta, pero sí de activos que posea la compañía.
«Tuvimos reuniones con PRM, pero no nos reconocían ni la mitad de la deuda. Nuestra empresa quebró», dice el socio de Gosan, Alexander Sánchez.
El gerente general de la planta responde sobre los riesgos judiciales que enfrenta la empresa, y que desde julio de 2016 se presentaron antecedentes sobre la contingencia a los directores. «La compañía cuenta con asesoría legal experta para atender los litigios en curso y hará lo mismo con cualquier juicio nuevo que le sea debidamente notificado», recalcó.
Kim explicó que los reclamos de las constructoras no tienen fundamento, pero por un desorden administrativo no se opusieron a ellas en el momento oportuno. Reconoció, eso sí, que quizás debieron estudiar el prestigio de las compañías adjudicatarias de las obras.
Consultada Codelco en su calidad de participante de PRM señalaron que son socios minoritarios, por lo que no les corresponde pronunciarse.
( El Mercurio)