Los mercados se vuelven inseguros
La judicialización criminal de los problemas entre empresarios se pone de moda en los mercados internacionales y también en Chile. Respetados juristas de la plaza sostienen que la práctica de presionar penalmente un juicio comercial ha sido habitual siempre. Pero, hoy, el hecho viene de la mano de prácticas de depredación de mercados, competencia desleal y aspiración de protección política. No se trata solo de controversia comercial en una economía específica sino también de un fenómeno globalizado. En Chile la complicación es que, con el procedimiento penal vigente, la carga de la investigación la lleva el Ministerio Público, lo cual desvirtúa su objetivo esencial, al contaminarlo de un interés comercial privado. El patrón de este juego se repite una y otra vez en todas partes. Esta es la historia de uno de esos casos, cuya trama llega hasta el gigante asiático.
A mediados del mes de junio de 2017, en una notaría de Santiago, el abogado Pedro Lyon Bascur, en representación legal de la empresa china National Building Materials Group (CNBM) y de la india Parasnath Commodities Pte. Limited (PCPL), autorizó poderes para la presentación de una denuncia criminal por robo en lugar no habitado de una planta de chancado y procesadora de hierro, perteneciente al proyecto minero Caprica Iron Project, ubicado a 70 kilómetros de Antofagasta. Por la misma fecha, Francisco Lourenco, empresario australiano afincado en Chile, dueño de Caprica Iron, dedujo una querella criminal ante el mismo Tribunal de Garantía de Mejillones, por igual delito, contra quienes resulten responsables, la que luego amplió –con aceptación del tribunal– en contra de Pedro Lyon Bascur y Herman Oyanedel como autores del hecho.
El objeto de la disputa fue la desaparición de una enorme estructura de hierro y acero de más de 50 toneladas, empotrada en hormigón, compuesta por una chancadora de mineral de hierro en bruto, una procesadora, cintas magnéticas y correas transportadoras del mineral, planta que cubría un área de más de 2.500 metros cuadrados, todo en pleno desierto y que formaba parte de una sociedad entre las empresas mencionadas.
Lourenco y Lyon no son socios entre ellos sino que entraron en contacto comercial el 2011, a raíz de un negocio minero propuesto por un banco al primero de ellos y donde el segundo llegó como gestor legal y financiero del fondo de inversiones. ¿Cómo terminaron en medio de una disputa legal sobre un robo imposible –con chinos, indios,y operadores portuarios chilenos incluidos–?, es algo que hoy investiga la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público.
La historia del negocio
El año 2011, Francisco Lourenco recibió un llamado del banco BCI, invitándolo a ser parte de un negocio minero. La llamada no era casual. Ampliamente conocido por su experiencia como asesor de grandes empresas mineras, entre ellas Escondida, el banco le propuso un atractivo proyecto: buscaba inversionistas y gestores mineros para potenciar un fondo de inversiones privado que administraba, asegurando el financiamiento inicial del proyecto elegido. Este sería una explotación minera de hierro, mineral que en ese momento tenía excelentes precios y buena demanda en el mercado internacional. Para llevarlo adelante se había proyectado la creación de una compañía de giro minero y Lourenco era el socio ideal, pues, además de financiamiento y experiencia, poseía una propiedad minera sin explotar.
Un comentario generalizado de expertos en comercio exterior es que empresas chinas estarían –con inevitable conocimiento de las autoridades de su país– colonizando sectores productivos de manera poco transparente, por decir lo menos, o simplemente depredando mercados mediante el procedimiento de apropiarse de contratos de comercio.
Lourenco vio la oportunidad y entró en el negocio, como socio y gestor principal. Así nació Caprica Iron. Pero, al cabo de dos años, antes que el proyecto entrara en su fase productiva, los precios internacionales del metal cayeron, bajando la rentabilidad prevista, y el banco decidió retirarse de la sociedad.
Pedro Lyon fue el asesor legal de la iniciativa por encargo del BCI. Especialista en temas mineros y socio del prestigioso estudio Guerrero y Olivos, fue el encargado de constituir las propiedades mineras y ver los demás temas legales de Caprica. Cuando la entidad bancaria decidió retirarse, él se encargó de liquidar la parte del proyecto perteneciente al fondo de inversión y buscar nuevos inversionistas. Por su intermedio apareció la empresa china CNBM Group, lo que resultaba auspicioso para el negocio, pues la demanda principal del metal proviene de ese país.
La empresa, un gigante corporativo con muchos negocios en las áreas de materiales de construcción, hierro, cemento y otros, prácticamente en todo el mundo, es de propiedad del Estado chino. CNBM vinculó al negocio a otra empresa, una compañía de transportes de India, PCPL, perteneciente al Grupo Bothra con sede en Singapur, para que invirtiera y, además, solucionara un aspecto crítico de la comercialización, como era el transporte del mineral. La aparición de los nuevos socios parecía providencial, ya que la dimensión de escala de una planta como Caprica Iron, junto al tipo de operaciones marítimas muy concentradas del país, hacen de Chile un lugar con enormes dificultades para firmas medianas y pequeñas a la hora de exportar mineral. Ambas empresas contrataron los servicios del mismo profesional: el abogado Pedro Lyon.
En el proceso de reacomodo de la sociedad, Lourenco se quedó con el 100% de las acciones que tenía el Banco en Caprica, a cambio de un millón de dólares que debió pagar al contado, y quedó a la espera de que se concretara la inversión china. Para seguir avanzando en el proyecto, y mientras llegaba el financiamiento fresco, empezó a apalancar solo la inversión. Pero esta nunca llegó y solo se concretó una compra a futuro que debió garantizar con sus bienes. A esas alturas, su inversión ya sumaba más de 18 millones de dólares.
El puzle chino
El ingreso de los chinos a Caprica se concretó mediante una oferta de compra a futuro de la producción en régimen de mineral, que estaba por comenzar, y que –de acuerdo a los estudios geológicos– alcanzaba para 8 años a un volumen de producción de 50 mil toneladas mensuales. La compra era por 5 millones de dólares que se desembolsarían gradualmente según avances de la producción. Adicionalmente, los chinos ofrecieron vincular a una segunda empresa, la india PCPL con sede en Singapur y parte del grupo Bothra, la que tampoco invirtió, sino que comprometió un préstamo y cartas de crédito para financiar el transporte del mineral por un total de 3 millones de dólares. Todo lo anterior, garantizado con la propiedad minera y bienes privados de Lourenco, a ambas compañías.
El due diligence de este puzle lo hizo Lyon, en representación de las dos compañías asiáticas y, hasta ese momento, todavía con la confianza de Lourenco. Con la firma de esos compromisos, en la práctica el negocio quedó hipotecado a chinos e indios, y su viabilidad, a que se concretaran ventas y embarques del mineral para generar los flujos de retorno.
CNBM, la empresa china que tiene como representante comercial para Chile a Lucero Garza*, una ciudadana chino-mexicana, al igual que la empresa india PCLP, verificaban los estados de avance de la producción y todo el proceso era visado por Pedro Lyon, quien autorizaba los pagos.
En ese momento empezaron a producirse problemas con las cartas de crédito para los embarques de mineral, pues comenzaron a atrasarse y luego nunca llegaron. Mientras tanto, el precio internacional del hierro empezó rápidamente a bajar, haciendo más compleja la perspectiva del flujo suficiente que necesitaba la empresa.
El atraso de las cartas de crédito generó un conflicto, hasta ahora sin aclarar, entre los empresarios chinos e indios, que se fue a arbitraje en Chile y, según amenazó PCPL, también en Singapur. Mientras tanto, nada pudo hacer Lourenco al respecto, pese a resultar el gran lesionado con el asunto. Tratando de generar negocios, en noviembre de 2014 concretó por su cuenta un primer embarque de 50 mil toneladas de hierro, lo que se hizo en el puerto Angamos, terminal operado por la empresa Ultramar del Grupo Urenda, con rumbo a Qindao, China. El operador logístico fue la compañía Agental, del grupo Urenda, contratada por Fénix Minerals, transportista a puerto, y el mineral se cargó en el barco Ultra Gujarat, del grupo Von Appen. Todo sin participación de los empresarios chinos e indios.
Lamentablemente en la faena de embarque se produjo un percance: la maniobra portuaria liderada por Víctor Oelkers, de Agental, realizó una operación defectuosa que terminó contaminando el mineral, lo que se tradujo en una baja de su ley. Técnicamente se introdujo mal la pala mecánica en la cancha de acopio del mineral y se recogió cascajo y material inerte además de mineral y se cargó en el barco. Pese al contratiempo, la carga fue igualmente adquirida por Trafigura, firma con sede en Suiza y que es uno de los compradores de minerales más grandes del mundo y cancelada puntualmente, sin mayores objeciones.
Pero ese incidente fue utilizado por Lyon, en representación de CBNM, para acusar a Lourenco, sosteniendo que no tenía mineral y todo había sido una estafa. Esto, pese a existir la documentación legal de certificadoras internacionales de carga SGS e Intertek, acerca de la ley del mineral y de su entrega normal a boca de mina a la transportadora Fénix Mineral, la que lo condujo a puerto, donde el operador Agental cometió el error. Es decir, Lourenco no tuvo ninguna responsabilidad.
Sin embargo, CNBM aprovechó que este había interrumpido la ejecución del contrato original con PCPL días antes, porque la empresa india no había cumplido lo prometido, debido a que “no podía emitir cartas de crédito de primer banco” que se exigen en Chile y nunca llegó con las mismas. Juntando esas dos situaciones, se querelló contra Lourenco.
A la querella de Lyon, Lourenco respondió con artillería pesada, por considerar que había un abuso de la empresa china y de su representante que se orientaba a quedarse, simple y llanamente, con un negocio que empezaba a funcionar, aprovechando las garantías comprometidas y un momento de apremio financiero y operacional del cual no eran totalmente ajenos. Lourenco internacionalizó el tema y notificó su reclamo a su contraparte china, Anzhong Huang, vicepresidente de China National Building Materials Group (CNBM). Pero también lo hizo ante la Oficina Nacional de Prevención de Corrupción de China (National Bureau of Corruption Prevention of China) y frente a la Comisión de Supervisión y Administración de Activos de propiedad estatal del Consejo de Estado chino, SASAC. Hasta ahora no tiene respuesta.
Sin tener otros antecedentes que su propio caso, Lourenco expuso ante las autoridades chinas la evidencia de un extraño modus operandi de la empresa estatal CNBM en Chile. Lo que no sabía es que esta tiene precedentes casi idénticos, incluso con la misma empresa china CNBM, en otras partes del mundo, como Canadá y Estados Unidos. Y que, en general, la actitud de las autoridades del gigante asiático sería la de protestar a las autoridades políticas del país de las empresas reclamantes, argumentando ser objeto de acoso comercial.
Un comentario generalizado de expertos en comercio exterior es que empresas chinas estarían –con inevitable conocimiento de las autoridades de su país– colonizando sectores productivos de manera poco transparente, por decir lo menos, o simplemente depredando mercados mediante el procedimiento de apropiarse de contratos de comercio. Como ejemplo ponen la multiplicidad de juicios en los que las empresas finalmente llegan a arreglos si no tienen éxito judicial, persistiendo en sus acciones comerciales, o simplemente abandonan y no se presentan a las causas judiciales respectivas, como ha ocurrido en varios juicios de acciones de clase de consumidores, precisamente con CBNM.
El robo de la planta como corolario
El juicio por estafa de CNBM y PCLP contra Lourenco se radicó en la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana, la que luego de dos años de investigaciones y aún con diligencias pendientes, imputó al empresario, quien estuvo tres meses en prisión preventiva. En ese proceso se pidió la retención de bienes de Lourenco, quedando Lyon como depositario alzado de parte de los activos en Caprica, entre ellos, la planta de chancado que fue robada.
De ahí la existencia de querellas casi simultáneas, sobre el misterioso robo que todo el mundo conoce en Antofagasta y que hizo desaparecer 50 toneladas de equipos, partes y piezas empotradas en cemento y avaluadas en 18 millones de dólares, sin dejar rastro. Porque este inevitablemente aparece como un corolario del caso de estafa seguido contra Lourenco, independientemente de quien resulte finalmente responsable en uno y otro.
Consultado por El Mostrador, el abogado Pedro Lyon dijo “que le parecía extraño que algo así pudiera desaparecer”, pues él tenía personal de vigilancia en la zona (Herman Oyanedel, un ex funcionario de Investigaciones), “que en todo caso se vio siempre obstaculizado por gente de Lourenco para cuidar los bienes”, declara. El abogado de Lourenco, Alex Caroca, a su vez, señala que es altamente sospechoso que se pierda el instrumento de trabajo básico para que el empresario retome su negocio y recupere su inversión, y que “nadie se explica cómo tamaña estructura cruzó peajes, plazas de pesaje, sin documentos legales, como guías de despacho al menos”. De otro modo, dice, “es imposible mover maquinaria de gran tonelaje en cualquier parte del territorio nacional” sin que haya un control. Con todo, afirma que “existen pruebas suficientes de que la planta fue sustraída al menos con anuencia o descuido de los mismos que debían cuidarla”
Ambos abogados dicen que irán hasta el final con las querellas y en la Fiscalía de Mejillones, que lleva el caso del robo, reconocen que el tema está con el OS-9 de Carabineros, y que “no se ha avanzado mucho en la investigación”.
Sin embargo, en la Fiscalía Oriente de Alta Complejidad, donde llevan el nudo de la disputa judicial, aunque no lo pueden decir, existe la convicción de que todo, incluido el inusual robo, es parte de un tipo de estrategia de negocios en que se usa la judicialización criminal como un mecanismo de presión entre las partes y eventualmente una oportunidad comercial, y que ello parece digitado desde el exterior.
Al respecto, un connotado abogado de la plaza señala que tal hecho es cada vez más común de lo que se piensa y que, lamentablemente, existe más de un antecedente de que el modelo chino de comercio internacional e inversiones, en sus niveles intermedios y en una economía globalizada, va acompañado de la búsqueda de un punto de apoyo extracomercial, sea de carácter político o de estrategias predatorias de los mercados, con base en lo judicial. En este diseño, los grandes Law Factory en que se han transformado muchos estudios de abogados, juegan un crucial papel de operadores.
*Para la presente columna se envió un cuestionario a Lucero Garza (lucero@cbmie.com), representante legal de CNBM, sobre el tema de esta nota y los juicios en Estados Unidos y Canadá, pero no lo respondió.
Fuente: El Mostrador