Por Alejandra Wood. Una de las coincidencias centrales de los postulantes fue la necesidad de entregar más certezas legales para reactivar la inversión.

Hace algunos días se desarrolló el Foro Política Minera 2017, organizado por Voces Mineras y el Colegio de Ingenieros, donde por primera vez pudimos ver a los candidatos presidenciales -Beatriz Sánchez, Carolina Goic, José Antonio Kast y Alejandro Guillier- y al jefe del programa minero de Sebastián Piñera, Francisco Orrego, planteando con gran seriedad y compromiso sus propuestas en torno a la minería, un sector central para Chile y su economía, pero que sin embargo suele carecer de todo foco durante las últimas campañas presidenciales.

En primer lugar, quisiera destacar que observamos un interés genuino de parte de los candidatos por la minería, considerándola un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo del país.

Así, una de las coincidencias centrales de los candidatos fue la necesidad de entregar certezas legales para reactivar la inversión. No es sorprendente que lo hagan, si reconocidamente es urgente reactivar la inversión y la manera más evidente que tiene el país es reforzar su fortaleza minera, y por otro lado marcar su distancia del proceso que terminó en el rechazo de Dominga, lleno de detalles lamentables.

Todos mostraron conciencia de la necesidad de establecer reglas claras y estables, para lo cual propusieron fortalecer el Ministerio de Minería y revisar los procesos de calificación ambiental de grandes proyectos. Algunos propusieron una oficina especial de grandes proyectos, que junto con brindar mayor transparencia e incluso “acompañar” a los inversionistas en la evaluación ambiental de las inversiones más complejas, acorte los tiempos.

Además, pusieron el acento en la descentralización y la necesidad de generar una planificación territorial, de manera tal que la decisión técnica se fortalezca y se acoten los espacios de discrecionalidad, tal como ocurrió con Barrancones y recientemente con Dominga.

Asimismo, pudimos observar la disposición de todos los candidatos para dialogar en torno a cómo puede hacerse efectivo que parte de la recaudación impositiva se quede en las regiones que la generan.

Otro tema bastante transversal es cómo incentivar las exploraciones, parte clave de nuestro futuro minero. Queda en evidencia un consenso amplio sobre la necesidad de revisar la legislación actual para permitir un mayor dinamismo de la actividad, sin afectar los fundamentos del éxito minero chileno en los últimos 30 años. En este aspecto es también clave avanzar en obtener mayor información geológica del territorio, que sea pública y transparente para todos los actores.

También hubo coincidencia entre los presidenciales en utilizar el tamaño de nuestra industria minera para exportar no sólo minerales, sino también servicios y tecnología asociados con la actividad minera.

En este aspecto podemos decir que no sólo existe un consenso entre ellos, sino también un esfuerzo mancomunado por parte de toda la industria minera, el que se ha visto plasmado en la Hoja de Ruta elaborada por el Programa Nacional de Minería Alta Ley, donde el propósito ha sido conseguir un cambio de enfoque a través de la cooperación público-privada, incentivando nuevas formas de explotar el recurso y desarrollando la creación de un ecosistema que permita la introducción de nuevas tecnologías para recuperar la productividad de la mano de la innovación.

En definitiva, para todos los que formamos parte de este sector y trabajamos día a día por mantener el liderazgo de Chile a nivel mundial, lo que oímos el viernes 25 de agosto fue una excelente oportunidad para la industria de conocer los planteamientos y percepciones de quienes tienen la intención de gobernar el país durante los próximos cuatro años.

Con satisfacción pudimos comprobar que los cinco candidatos, a pesar de sus diferencias ideológicas y programáticas, reconocen el aporte significativo que la industria minera ha realizado en Chile y entienden la necesidad de potenciar el sector para que sea una real plataforma de desarrollo para el país.

Es de esperar que, quienquiera sea elegido por la voluntad popular, recoja este consenso y transite por la línea de fortalecer la minería y amplificar sus impactos positivos para el país y sus regiones. Ello permite sembrar confianzas, estrechar diferencias y profundizar la democracia, lo que en definitiva redunda en beneficios para todo el país.

*La autora es directora ejecutiva Cesco.

( Fuente: Pulso)