La cifra coloca de manifiesto una grave crisis en la industria minera. «La falta de conciencia por parte de la empresa sobre la vida de los trabajadores es profunda», advierten desde la Confederación de Trabajadores del Cobre

El pasado martes, la empresa Cerro Bayo informó a través de un comunicado, que no existe posibilidad de encontrar con vida a los dos mineros atrapados desde el pasado 9 de junio en un yacimiento en la localidad de Chile Chico, región de Aysén.

La compañía dependiente de la trasnacional canadiense Mandalay Resources, confirmó de esta manera la muerte de los trabajadores Jorge Sánchez y Enrique Ojeda.

En este sentido, el académico de la Universidad de Chile, Raúl Castro, indicó que “el trágico desenlace ocurrido recientemente en la mina Delia II podría haberse evitado con un diseño más acabado del proyecto de excavación”.

“No se tomaron resguardos necesarios. Cuando uno observa la ingeniería hay ciertos parámetros de diseño, de hecho no se menciona de manera explícita el riesgo de la laguna. Se dieron ciertas condiciones, tamaño de excavaciones, de ampliar por ejemplo, que no deja distancia adecuada entre la mina y el fondo del lago, por lo que creo que no se hizo un estudio acabado. En realidad cuando ocurren este tipo de accidentes, la causa es la falta de información junto con mala toma de decisiones”, agregó el especialista.

Según el Balance Nacional de Accidentabilidad Minera, que elabora cada año el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), entre 2000 y 2016 hubo un total de 472 accidentes en el sector, que dejó un balance de 525 fallecidos.

El peligro en la faena subterránea sigue presente. Esto, a pesar de experiencias pasadas: el caso de las 33 personas rescatadas en la mina San José en agosto de 2010, la nueva tecnología utilizada y la adecuación normativa.

Para el presidente de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Marcos Espinosa, actualmente existe una normativa más completa, sin embargo, queda pendiente un Sernageomin más moderno, con mayores recursos y con un aumento en la cantidad de personal fiscalizador.

“Lo pendiente es entregar mayores instrumentos, tanto financieros como humanos para que el servicio Estatal pueda cumplir una labor bastante más rigurosa, fiscalizadora, en el sector de la pequeña y mediana minería. Para eso nosotros creemos que es indispensable en la próxima discusión de presupuesto del año 2018, aumentar los recursos para ejercer dicha función”, sostuvo el parlamentario.

Para el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, la base para un real avance en la materia, es que el Estado ratifique los convenios 155 de la OIT, que se refiere a precisar las funciones y responsabilidades en materia de seguridad y salud de los trabajadores, y el 176, que responde específicamente a la seguridad y salud en la faena minera.

“La falta de conciencia por parte de la empresa sobre la vida de los trabajadores es profunda, o sea, se sobreponen índices de producción, la ganancia, la utilidad, la chaucha, sobre la vida de las personas y eso es conocido por todos los que se desempeñan en dicha labor. Por eso entonces debemos enmarcar entorno a la discusión que se ha dado y que a nivel internacional, ya es irracional e injustificado que Chile siendo esencialmente minero, no tenga ratificado estos convenios”.

El Sernageomin había contabilizado dos accidentes fatales en minería durante el primer trimestre de 2017. Mientras se suma otro caso: hace algunos días un minero falleció en Coronel después de un derrumbe.( RadioUdeChile)