La Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc) calificó como inaceptable la muerte del trabajador contratista de Codelco, Nelson Quichillao, ocurrida el viernes pasado en El Salvador.
Por medio de una declaración pública, manifestó sus condolencias hacia la familia y compañeros del malogrado trabajador.
“Nos sumamos a las peticiones de solicitar una investigación a cargo de un fiscal especial, con el fin de establecer las responsabilidades penales de la muerte de Nelson Quichillao”, señaló la Fesuc.
Agregó que “también deberán establecerse las responsabilidades de las autoridades políticas a cargo, y las administrativas que pudieran existir dentro de las autoridades de Codelco”.
“EL MODELO DE SUBCONTRATACIÓN HA SIDO UN FRACASO”
La Federación también expuso su “posición de rechazo, inalterable a través del tiempo, en torno al trabajo precario, el no cumplimiento de lo establecido en los contratos colectivos y la mantención de un Código del Trabajo que no responde a la actual realidad de las relaciones laborales, sumado a la idea de que las legítimas aspiraciones de los trabajadores subcontratados por Codelco son un problema ‘entre privados’; son el caldo de cultivo perfecto para quienes pretenden, a través del conflicto, generar las condiciones para privatizar el principal activo empresarial del Estado de Chile”.
“El modelo de extrema subcontratación ha sido un fracaso, tanto desde el punto de vista laboral, así como de sus resultados económicos para Codelco; lo cual debiera ser asumido como parte del diagnóstico que permita construir iniciativas viables y sostenibles cuyo objetivo sea mejorar la productividad en nuestra empresa”, añadió.
Fesuc sostiene que “mejorar las condiciones básicas de respeto al trabajo subcontratado y a los derechos que le asisten a sus trabajadores es esencial para avanzar en la paz social en Codelco y en el país”.
También realizó un llamado al Gobierno y al ministro del Interior “a asumir su propia responsabilidad, puesto que las manifestaciones laborales legítimas no son una amenaza para la seguridad interior del Estado ni menos una justificación para que trabajadores mueran en medio del ejercicio y defensa de sus derechos esenciales”.( La Nación )